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El Gobierno puso al frente del cuerpo de seguridad a un militar en proceso de retiro.

Las normas que regularán las operaciones de la Guardia Nacional en México fueron entregadas este día al Senado mexicano para su análisis, a fin de aprobarlas a la brevedad y echar andar así la operación del polémico cuerpo con el que la actual Administración, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, busca hacerle frente a la inseguridad que, durante el 2018, dejó más de 33.000 muertos.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, entregó el paquete de leyes secundarias que contempla la Ley de la Guardia Nacional; la Ley Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley sobre el Uso y Regulación de la Fuerza y la Ley de Registro Nacional de Detenciones.

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Con ellas, con base en la justificación contenida en los textos, se busca hacer hincapié en que los cuerpos de seguridad solo podrán usar la fuerza cuando sea estricta y razonablemente necesario. Asimismo, precisa que el uso de armas de fuego es una medida extrema, por tanto no podrán emplearse como señal de advertencia o para controlar o dispersar manifestaciones.

Durazo Montaño urgió a la Cámara alta a aprobar estas leyes, debido a la crisis de inseguridad: “El Senado tiene sus tiempos, igualmente la Cámara de Diputados, pero estoy seguro que todos los representantes, y las y los senadores harán su parte para que este proceso sea lo más rápido posible”, dijo en entrevista con medios locales.

Entender la Guardia Nacional

La creación de la Guardia Nacional de México fue avalada por 17 congresos locales, el pasado 6 de marzo, lo que era un requisito necesario al tratarse de una reforma a la Constitución mexicana.

La Ley de la Guardia Nacional define que esta es una institución policial, armada y civil, así como con autonomía técnica, operativa y de mando.

Su objeto, explica el texto, es realizar lafunción de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, de algunas entidades federativas y municipios, conforme al mecanismo de coordinación y convenios celebrados para ello.

Los objetivos de la Guardia Nacional —se desprende del documento— son salvaguardar la vida, las libertades, las integridades y el patrimonio de las personas; también contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social; así como salvaguardar los bienes y los recursos de México.

Activan el primer eslabón

López Obrador anunció este día que la comandancia de la Guardia, que contará con decenas de miles de efectivos, estará a cargo del general de brigada del Estado Mayor Luis Rodríguez Bucio, de 62 años, un licenciado en Administración Militar quien pasará a retiro en septiembre.

La oposición descalificó el nombramiento de Rodríguez Bucio. La dirigencia del Partido Acción Nacional (derecha) señaló que el Gobierno federal violentó el espíritu de la ley y se burla de los mexicanos al nombrar a un militar en activo para encabezar ese cuerpo de seguridad.

“Lo que buscamos y exigimos es la correcta aplicación de la ley para que se nos dé seguridad a todos los mexicanos (…) Dimos nuestro voto de confianza en su aprobación, ya tienen los instrumentos legales y operativos que pidieron, lo que ahora exigimos es su correcta implementación y funcionamiento”, señaló en un comunicado.

Asimismo, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, dijo que lo ideal era que la nueva corporación tuviera un mando civil. “No fue lo ideal como quedó, en los términos constitucionales (la Guardia Nacional), pero fue lo plausible, porque se acotó a una temporalidad de cinco años y a una adscripción civil, lo óptimo es que se le hubiera puesto la cereza de un (mando con) perfil civil”, dijo.

En el mismo sentido se pronunció Alfredo Lecona, un reconocido activista y defensor de los derechos humanos en México, al señalar que el nombramiento de Rodríguez Bucio fue inconstitucional.

La Guardia Nacional ha sido criticada por activistas, que han pedido retirar a los militares de las calles, pues temen que persistan violaciones a los derechos humanos, mientras que la ONU ha dicho que provocará más abusos de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el Gobierno ha afirmado que estará bajo lineamientos de respeto a los derechos humanos y que será un cuerpo civil.

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