De acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, fueron seis terabytes de material los que vulneró el grupo internacional “Guacamayas”
El gobierno de México sufrió un hackeó masivo por parte del grupo internacional de activistas denominado Guacamaya, quienes vulneraron el sistema de cómputo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para acceder a información que data de 2016 hasta septiembre de este año.
De acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, se trata del mayor ciberataque en la historia del país, pues dejó al descubierto miles de documentos confidenciales (sin testar) del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Textos, archivos adjuntos, tarjetas informativas, cartas, videos, muchos de los cuales aparecen catalogados como ‘confidenciales’ […] Esta irrupción en los sistemas de computo del Ejército constituyen la más grave vulneración a la ciberseguridad del gobierno de México en su historia”
Detalles sobre el verdadero estado de salud de AMLO o las disputas entre los titulares de la Sedena y de la Secretaría de la Marina (Semar), la versión completa del “Culiacanazo”, así como la débil seguridad de las aduanas, son algunos de los hallazgos expuestos en los seis terabytes de material.
Además la radiografía expone el enorme poderío y mando que tiene el Ejército en la actual sexenio.
¿Quiénes son “Guacamaya”?
De acuerdo con el portal LatinUS, el principal objetivo de Guacamaya, fue revelar información del ejército de Chile, pero también lograron penetrar los servidores de internet de los ejércitos de El Salvador, Perú, Colombia y México.
Este grupo de activistas es de origen centroamericano se autodefine de la siguiente forma: “No somos defensoras de la naturaleza, somos la naturaleza”. Y en esa línea surge el nombre “Guacamaya”, ya que según el sitio CyberScoop -especializado en ciberseguridad- el organismo se basó en aquella ave nativa de América Central y del Sur como un símbolo ambientalista.
Acorde con esa misma plataforma, hasta ahora los ataques de la red de hackers estaba centrada en empresas mineras y petroleras, las policías y varias agencias reguladoras latinoamericanas.
