Hasta los muertos cobraban: ASF observa 43 millones de pesos al Gobierno de Puebla

La fiscalización de recursos federales correspondientes a 2025 reveló pagos a trabajadores fallecidos, empleados con licencia sin goce de sueldo y personas que ocupaban cargos de elección popular.

Puebla, Pue.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntas irregularidades por más de 43 millones de pesos en el manejo de recursos federales del Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, entre las que destacan pagos a trabajadores fallecidos, empleados con licencia sin goce de sueldo y personas que desempeñaban cargos de elección popular.

Los hallazgos forman parte de la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025, publicada el pasado 30 de octubre, en la que el órgano fiscalizador emitió 11 observaciones relacionadas principalmente con inconsistencias en la nómina educativa y el ejercicio de recursos públicos.

Uno de los señalamientos más relevantes corresponde a pagos por aproximadamente 2.82 millones de pesos relacionados con trabajadores fallecidos. De ese monto, 1.92 millones fueron destinados a 20 personas que habían muerto antes de comenzar 2025, mientras que otros recursos se entregaron después del fallecimiento de trabajadores que continuaban registrados en la nómina.

La ASF también identificó pagos por 15.68 millones de pesos a 168 empleados que contaban con licencia sin goce de sueldo, así como 7.61 millones destinados a nueve trabajadores que realizaban actividades sindicales, sin que se acreditara debidamente la procedencia de esas remuneraciones.

A estas irregularidades se suman 6.55 millones de pesos pagados a 19 personas que ocupaban cargos de elección popular, además de 627 mil pesos transferidos a 22 trabajadores que continuaron recibiendo salarios después de haber sido dados de baja.

La revisión federal también detectó pagos por 4.52 millones de pesos a 15 empleados del Instituto Estatal de Educación para Adultos que no acreditaron los requisitos profesionales correspondientes a sus puestos, así como 4.05 millones relacionados con trabajadores cuyos centros de adscripción presentaban incompatibilidades geográficas.

Los resultados ponen bajo cuestionamiento los mecanismos de supervisión y control administrativo de las dependencias responsables de autorizar los pagos, actualizar los registros laborales y verificar que los recursos federales se destinen al personal que legalmente tiene derecho a recibirlos.

Gobierno estatal destaca que observaciones representan apenas el 0.08%

Tras conocerse los resultados, la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración de Puebla informó que los recursos observados representan únicamente el 0.08% de los más de 51 mil millones de pesos revisados por la ASF.

La dependencia señaló que seis de los nueve fondos federales fiscalizados no presentaron observaciones, mientras que los tres restantes deberán ser aclarados mediante la documentación administrativa correspondiente.

Sin embargo, el porcentaje señalado por la administración estatal no elimina los cuestionamientos sobre las fallas en los controles de nómina, particularmente por los pagos realizados a personas fallecidas y trabajadores que se encontraban separados temporal o definitivamente de sus funciones.

El Gobierno de Puebla dispone de un plazo de 30 días hábiles, contado a partir de la recepción oficial de los informes, para presentar las aclaraciones y documentación justificativa ante la autoridad fiscalizadora.

Aunque las observaciones todavía no constituyen una determinación definitiva de desvío de recursos, los resultados obligan a revisar la actuación de las áreas responsables del manejo de la nómina y a esclarecer por qué se realizaron pagos que no fueron debidamente justificados durante la auditoría.

Será el seguimiento de la ASF el que determine qué montos logra aclarar la administración estatal, cuáles deberán reintegrarse y si existen elementos para establecer responsabilidades administrativas por las inconsistencias detectadas.

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