Las ayudas sociales como las entregadas a los adultos mayores o del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, tuvieron contemplados beneficiarios que habían muerto antes de 2019

Hasta 67 mil 498 millones de pesos en irregularidades, fue lo detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante el primer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Así lo dio a conocer la víspera David Colmenares Páramo, auditor del organismo, ante la Cámara de Diputados, en la tercera entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública de 2019.

De acuerdo con la revisión a la Cuenta Pública 2019, las irregularidades se encuentran pagos a beneficiarios fallecidos, servicios de los que no se pudo comprobar su realización, trabajadores por honorarios que desconocieron las firmas en los contratos, pagos duplicados y recursos que no se reintegraron pese a que no se pagaron.

Uno de los aspectos donde se encontraron dichos movimientos fue el pago de pensiones a adultos mayores, por un monto de 992 millones 680 mil 415 pesos. Y es que la tercera entrega de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, registró que el Banco del Bienestar giró pagos por un monto de 983 millones 663 mil 600 pesos a 77 mil 117 adultos mayores de todo México que no se pueden comprobar con alguna evidencia de documento o normativa debido a que todos, supuestamente, carecen de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

En el caso de otros 511 beneficiarios les fue duplicada la pensión por un monto de un millón 836 pesos. Y otro monto por 6 millones 308 mil 700 pesos no se tiene una evidencia que acredite de dónde procede el concepto “Pago de Marcha”, el cual corresponde a 4 mil 948 beneficiarios.

La ASF también reveló que se hizo entrega de 872 mil pesos a 234 personas que aparecían como beneficiarias pero en realidad fallecieron entre 1977 y 2018, motivo por el que no tiene sentido su inscripción en el padrón de beneficiarios pagado del ejercicio de 2019.

De igual manera, el organismo dio a conocer que existen más de 263 millones de pesos pendientes de aclarar en la operación del programa del Gobierno Federal, Jóvenes Construyendo el Futuro.

Las Becas del Bienestar están dirigidas a población que se encuentre en situación de pobreza o condiciones de vulnerabilidad con el fin de disminuir el nivel de deserción escolar. Son cuatro los apoyos que dan: Beca Bienestar para las Familias de Educación Básica, Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y las Becas Elisa Acuña.

La ASF apuntó que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, a cargo de la Secretaría del Bienestar, reportó la entrega de los recursos de la beca a 72 titulares de las familias beneficiarias pese a que fallecieron antes, el monto asciende 115,200 pesos.

Además se llevaron a cabo pagos por importes mayores a los establecidos y no se cuenta con el soporte documental que acredite el pago a 347 beneficiarios por 565,400 pesos.

Tampoco se presentó la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria por pagos de apoyos de ejercicios anteriores que ascienden a 834,400 pesos.

Mientras que en la partida combustibles, y arrendamiento de equipo y bienes informáticos no se proporcionó el reintegro por 311,300 pesos y no se presentaron diversos entregables por 71 millones 885,100 pesos.

La auditoría consignó que de 458 prestadores de servicios profesionales por honorarios no se cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria que demuestre la materialización de los servicios prestados, y/o presentan inconsistencias en sus contratos e informes de actividades, el monto asciende a 15 millones 855.8 pesos.

La ASF concluyó que el manejo que se hace de los recursos públicos federales en ese programa “no asegura las mejores condiciones de economía, transparencia, eficiencia, eficacia, y honradez al Estado”.

Ahora la dependencia a cargo del programa debe responder a las solicitudes de aclaración de la ASF, por lo que aún no pueden ser considerados daños al erario.