Las fallas detrás de la tragedia: radiografía de la supervisión turística en Cuetzalan 

Con 24 años como Pueblo Mágico, Cuetzalan enfrenta cuestionamientos sobre cómo pudo ocurrir una tragedia de esta magnitud

Cuetzalan, Pue.- La tragedia ocurrida en la Gruta de Chichicazapan no sólo abrió una investigación para determinar las responsabilidades de quienes organizaron el recorrido. También puso bajo la lupa al Ayuntamiento de Cuetzalan y al modelo de supervisión con el que durante años se ha desarrollado el turismo de aventura en uno de los principales destinos naturales de Puebla.

Luego de que el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, informara que el responsable del recorrido no estaba registrado ni acreditado como guía de turistas, surgió una pregunta que va más allá de las posibles responsabilidades individuales: ¿cómo pudo ofrecer recorridos en una actividad de alto riesgo sin que las autoridades detectaran esa situación?

Un riesgo que ya estaba identificado

Cuetzalan no es un destino turístico emergente. El municipio recibió el nombramiento de Pueblo Mágico el 11 de marzo de 2002, convirtiéndose en el primero de Puebla en obtener esa distinción.

Durante más de dos décadas, las grutas, cavernas, cascadas y ríos han formado parte de la principal oferta turística del municipio, atrayendo a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Precisamente por esa vocación turística, desde 2016 el Plan de Manejo en Función del Programa Pueblos Mágicos ya identificaba un circuito espeleológico integrado por siete cavernas, clasificadas según su nivel de dificultad.

El documento establece que algunas podían recorrerse únicamente con guía, mientras que otras requerían guías calificados y equipo especializado, al tratarse de actividades consideradas turismo de aventura.

Es decir, el riesgo estaba plenamente identificado desde hace al menos una década.

La ley también obliga a los municipios

La Ley de Turismo del Estado de Puebla no limita la participación de los ayuntamientos a promocionar sus atractivos.

Entre sus atribuciones establece que los gobiernos municipales deben formular su política turística, desarrollar programas de prevención de riesgos, coordinar acciones con otras autoridades, fomentar la seguridad de los visitantes y participar en la vigilancia de las actividades turísticas dentro de su territorio.

A ello se suman las normas oficiales mexicanas que regulan el turismo de aventura, las cuales contemplan la participación de prestadores formalmente establecidos, protocolos de seguridad, información preventiva, equipos adecuados y personal especializado.

Todo ello forma parte de un sistema diseñado precisamente para reducir riesgos en actividades como la espeleología.

El guía no estaba acreditado

Durante la conferencia del Gobierno del Estado, el secretario de Gobernación informó que Josué Mendoza Méndez, quien encabezó el recorrido, no aparecía registrado ni acreditado como guía de turistas ni como prestador de servicios turísticos.

Será la Fiscalía General del Estado la instancia encargada de determinar las responsabilidades legales correspondientes.

Sin embargo, el señalamiento también abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión existentes en Cuetzalan.

Si una persona sin acreditación pudo organizar recorridos en una de las principales zonas turísticas del municipio, surge la duda sobre qué controles existían para verificar quién ofrecía este tipo de servicios.

¿Quién debía supervisar?

La discusión ya no se centra únicamente en el actuar del guía.

También alcanza al sistema de vigilancia que debió operar alrededor de una actividad que representa riesgos conocidos.

Entre las preguntas que hoy permanecen sin respuesta destacan:

• ¿Existía un padrón municipal de guías autorizados?
• ¿El Ayuntamiento verificaba que quienes ofrecían recorridos contaran con acreditaciones?
• ¿Había inspecciones periódicas a operadores turísticos?
• ¿Se revisaban las condiciones meteorológicas antes de permitir recorridos?
• ¿Existía un protocolo para suspender actividades ante lluvias intensas?
• ¿Se llevaba un registro de ingreso y salida de visitantes a las grutas?
• ¿Quién era la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de estas medidas?

Responder estos cuestionamientos será fundamental para conocer si existieron fallas institucionales que permitieron que la excursión se realizara en esas condiciones.

La regulación que no se ve

La revisión del portal oficial del Ayuntamiento de Cuetzalan muestra que, en el apartado de reglamentos, únicamente se encuentran publicados documentos relacionados con residuos sólidos, el Código de Ética y el Código de Conducta.

No aparece disponible un reglamento específico sobre turismo de aventura, recorridos en grutas, control de operadores o protocolos de seguridad para estas actividades.

La ausencia de esa información pública no significa necesariamente que dichos instrumentos no existan; sin embargo, sí evidencia una falta de transparencia respecto a las reglas con las que se administra una de las actividades más representativas del municipio.

Una administración con experiencia

Otro elemento que coloca el caso bajo análisis es la trayectoria del actual presidente municipal, Óscar Paula Cruz.

De acuerdo con la información oficial del propio Ayuntamiento, fue secretario municipal de 2011 a 2014, presidente municipal de 2014 a 2018 y actualmente encabeza nuevamente la administración para el periodo 2024-2027.

Es decir, ha ocupado posiciones clave dentro del gobierno de Cuetzalan durante más de una década.

Esa experiencia vuelve inevitable la pregunta sobre qué acciones se implementaron para fortalecer la regulación del turismo de aventura, considerando que las grutas forman parte de la identidad y economía del municipio desde hace muchos años.

Una revisión que llegó después de la tragedia

Tras los hechos, el Ayuntamiento anunció la suspensión de recorridos en las grutas y una revisión de los operadores turísticos.

La medida busca prevenir nuevos incidentes, pero también deja otra interrogante: ¿por qué la revisión de permisos, operadores, certificaciones y protocolos comenzó únicamente después de una tragedia?

Cuando un destino ha construido durante más de dos décadas su prestigio alrededor del turismo de naturaleza, la prevención debería formar parte de su operación cotidiana y no convertirse en una reacción ante una emergencia.

Más allá de las responsabilidades penales

Corresponderá a la Fiscalía General del Estado determinar si existieron responsabilidades penales por parte de quienes organizaron la excursión.

No obstante, desde el ámbito administrativo y de política pública, los hechos también obligan a revisar el papel de las autoridades municipales.

Con 24 años como Pueblo Mágico, un plan oficial que desde hace diez años advertía sobre la necesidad de guías especializados y una administración con amplia experiencia en el gobierno local, la tragedia de Chichicazapan no sólo deja víctimas y una investigación en curso.

También deja una pregunta que el Ayuntamiento de Cuetzalan deberá responder con claridad: ¿se hizo todo lo necesario para garantizar que una actividad turística de alto riesgo operara bajo condiciones adecuadas de seguridad y supervisión, o hubo omisiones que permitieron que esta tragedia ocurriera?

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