Porfirio Loeza acusa a funcionarios de ataque armado; alcalde asegura que no habrá encubrimiento

El expresidente municipal afirmó que fue perseguido y atacado a balazos. Juan Manuel Téllez Salazar condenó los hechos y ofreció colaborar con las investigaciones para esclarecer los señalamientos contra integrantes de su administración.

Tlatlauquitepec, Pue.- El expresidente municipal Porfirio Loeza Aguilar denunció haber sido víctima de un ataque armado la noche del lunes 19 de octubre, en el que señaló la presunta participación de tres funcionarios del Ayuntamiento de Tlatlauquitepec. Ante las acusaciones, el alcalde Juan Manuel Téllez Salazar emitió un comunicado en el que aseguró que su gobierno no tolerará ni encubrirá conductas ilegales.

De acuerdo con el testimonio difundido por Loeza Aguilar, los hechos comenzaron en la zona conocida como El Pozo, donde habría tenido un encuentro con las personas señaladas. Posteriormente, afirmó que fue perseguido mientras circulaba en su camioneta y que durante el recorrido escuchó más de 14 detonaciones de arma de fuego.

El exalcalde aseguró que su vehículo presentó tres impactos de bala y que logró llegar a la comunidad de Atotocoyan, perteneciente al municipio de Yaonáhuac, donde solicitó apoyo policial.

En sus declaraciones, identificó a Ángel Cabrera, señalado como director del Registro Civil; Iván Maza, director de Catastro, y Juan Gonzalo, identificado como ayudante general del Ayuntamiento, como las personas a quienes responsabiliza de la agresión.

Ante estos señalamientos, el presidente municipal Juan Manuel Téllez Salazar manifestó su rechazo a cualquier acto de violencia y expresó su solidaridad con Porfirio Loeza y su familia.

A través de un comunicado oficial, el edil sostuvo que su administración no tolerará ni encubrirá conductas ilegales, independientemente de quiénes pudieran estar involucrados, y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, hizo un llamado a actuar con prudencia y responsabilidad, evitando especulaciones que puedan generar confrontaciones, al señalar que la seguridad y tranquilidad del municipio deben estar por encima de cualquier interés político.

El caso queda sujeto a las investigaciones de las autoridades ministeriales, que deberán determinar las circunstancias de la agresión y establecer si existen responsabilidades penales.

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