Especialistas advierten persistencia de grupos delictivos y urgen estrategia focalizada
Durante el primer mes y medio del año se han registrado 90 asesinatos en el estado de Puebla, lo que representa un promedio cercano a dos víctimas diarias, de acuerdo con cifras del equipo interdisciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. Entre los casos más recientes se encuentra el homicidio de tres jóvenes ocurrido el fin de semana en el acceso de un centro nocturno de la zona de Angelópolis, en la capital poblana.
Las estadísticas oficiales señalan que en enero se contabilizaron 66 crímenes, mientras que del 1 al 15 de febrero suman 24 asesinatos en distintas regiones del territorio estatal. El hecho que generó mayor conmoción fue el ataque a balazos contra Gisele, Joaquín y Emmanuel Esteban, quienes fueron asesinados cuando salían del antro Despecho, ubicado en uno de los corredores turísticos y de entretenimiento más concurridos de la ciudad de Puebla.
Tras el crimen, la Universidad Iberoamericana Puebla y la Universidad de las Américas Puebla —instituciones de las que eran egresados dos de los jóvenes— expresaron su condena y exigieron el esclarecimiento de los hechos y justicia para las víctimas.
En este contexto, Simón Alejandro Hernández León, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla, consideró que la entidad enfrenta una crisis de seguridad “muy concreta y visible” tanto en la capital como en municipios rurales y en la franja limítrofe con Veracruz. El académico señaló que existe una presencia relevante de grupos delictivos que, a su juicio, no ha sido plenamente reconocida ni dimensionada, ni enfrentada mediante una colaboración institucional efectiva.
Si bien reconoció que Puebla no registra niveles de violencia equiparables a otras entidades del país con disputas territoriales más acentuadas, advirtió que ello no implica la ausencia de estructuras criminales. Mencionó economías ilícitas vinculadas al robo y comercialización de autopartes, asaltos al autotransporte, actividades relacionadas con el narcotráfico y el tráfico de hidrocarburos.
El especialista subrayó que estas dinámicas delictivas han persistido de manera sostenida durante al menos 15 años, independientemente de los cambios de administración, lo que —dijo— obliga a replantear la estrategia de seguridad con un enfoque específico acorde a la realidad poblana.
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