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No criminalizo la protesta ciudadana.

Nunca lo he hecho.

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Jamás lo haría.

Tampoco busco deslegitimarla.

Nunca he recurrido a la violencia digital.

(No está en mis genes).

Lo que sí hago es exhibir, por ejemplo, montajes tan burdos como los promovidos por la propia presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, y varias de sus empleadas.

No está nada mal trabajar en el ayuntamiento.

Eso es absolutamente legal y legítimo.

Lo que es ridículo es hacerse pasar por activistas independientes cuando lo que hacen es cobrar un salario y obedecer órdenes, lo que las vuelve feministas dependientes.

El espectáculo que hemos venido viendo en el Congreso del Estado —con la participación de activistas a sueldo pagadas con dinero público del ayuntamiento— sería absolutamente legítimo si detrás del montaje no estuviera la activista mayor: Claudia Rivera Vivanco.

La señora presidenta es la más cara activista que hay en Puebla.

Cobra, quién lo dijera, por organizar tomas de edificios públicos y encabezar demandas feministas.

El problema es que ése no es su trabajo.

Se le paga para que mantenga una ciudad segura, entre otras cosas.

Desde que llegó al poder municipal, Puebla es una de las ciudades más inseguras de la región.

(De obra pública ya ni hablamos).

Con su español de primero de secundaria, René Sánchez Galindo, secretario de Gobernación, dice que la autoridad municipal respeta la libertad de pensamiento de sus empleados.

Eso no está nada mal.

Lo que es terrible es que dichos empleados participen en sus horas de trabajo en actividades que no tienen que ver con el ayuntamiento.

Ya lo he venido exponiendo en este espacio.

Su secretaria particular es encapuchada de día y burócrata de tarde-noche.

Hoy ofrezco otros ejemplos.

Alejandro Maimone y Jaime Carcaño son dos fichitas que se la pasan apoyando a las mujeres que tomaron el Congreso en aras de presionar para que los diputados reconozcan sus derechos humanos, en particular “el de elegir sobre su propio cuerpo y el derecho a la vida y a la integridad”.

Maimone fue profesor de algunas de las feministas que tienen tomado el Congreso.

Carcaño se dice escritor.

Trabaja en el Instituto Municipal de Arte y Cultura.

(¿Todavía existe?).

Le pagan para que realice labores de difusión artística y cultural.

No lo hace.

¿Qué sí hace?

Un trabajo de vocería en las redes del movimiento feminista que tiene tomado el Congreso.

Maimone es director del Archivo General Municipal.

Tampoco realiza trabajo alguno en esa área.

Es, al igual que Carcaño, un puntual vocero.

Ambos son felices, como proclama Sànchez Galindo, pues cobran dinero público por hacer montajes ordenados por su jefa: la señora presidenta.

Sánchez Galindo puntualiza sobre ese tipo de felicidad: “es la felicidad que nos da servir al pueblo”.

Lamentablemente no es al pueblo a quien sirven sino a Claudia.

Claudia y sus sueños de opio inspirados por su gurú de apellido Jodorowsky.

¡Viva la felicidad, compañeros!

¡Arriba el sexo tántrico!

El Abogado 666 y el Humilladero. Hay un tema clave en la trama del conductor de un Mercedes Benz que atropelló y mató a un joven la semana pasada por los rumbos de Lomas de Angelópolis: el Abogado 666.

Ha quedado claro que el abogado Alejandro Julián Rosas Moro, Cédula profesional 2806668, engañó al padre de la joven víctima al engañarlo a la hora de firmar un documento.

Textualmente le dijo —según el padre— que lo que iba a firmar era el cambio de abogado.

Sólo eso.

Y no.

¿Qué le ocultó mañosamente?

Que estaba firmando su consentimiento para una reparación (económica) del daño.

Ha trascendido que Rosas Moro fue un notorio notario hechizo de la 10 de Tehuacán.

Y más:

Según Centro Noticias, defraudó a “una pareja de maestros” en el caso de “una propiedad ubicada en la colonia
El Humilladero con documentación falsa”.

Una vez que perdió su notaría, el Abogado 666 regresó al litigio y a lo que es lo suyo: el humilladero.

El engaño del que fue víctima el padre del joven atropellado no puede quedar impune.

Las barras de abogados serias tendrían que intervenir para sancionar junto con las autoridades a esta clase de litigantes.

Es cuanto.

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