Cerca de 200 mil homicidios, más de 115 mil desaparecidos y más de 500 denuncias por crímenes de Estado; los números rojos de AMLO al cierre de su sexenio.
El 15 de octubre de 2019 tres camionetas con civiles armados se toparon de frente con un convoy del Ejército Mexicano; un militar que iba en el vehículo de avanzada tenía en sus manos una metralleta capaz de realizar 800 tiros por minuto, aunque no logró vaciar su arma antes de ser asesinado, los disparos que hizo fueron suficientes para acabar con la vida de 14 presuntos integrantes de Guerreros Unidos: la masacre de Tepochica, Guerrero, se catalogó como la primera ejecución extrajudicial a manos de las Fuerzas Armadas en la era de la 4T; aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió un oficio de queja por los hechos, el caso se reservó por cinco años y el discurso de “no somos iguales” de AMLO comenzó a tambalearse.
Justo al final de su administración y contrario a su promesa de campaña, el Congreso de la Unión discutió y aprobó la reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se consolide el paso de la Guardia Nacional a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); los políticos afines al partido en el poder afirman que no es militarización y respaldan el discurso presidencial que apunta que la medida garantizará que la institución no se “pudra” como ocurrió con la Policía Federal.
“En México no hay desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales ni tortura”, lanzó la senadora Andrea Chávez en defensa de la reforma a la Guardia Nacional.
Las declaraciones de la senadora por Chihuahua coinciden -son una calca- de las pronunciadas por AMLO durante su conferencia mañanera del 26 de agosto de 2024: “No desaparecimos a nadie, no se torturó a nadie, no hubo masacres, no reprimimos, no somos iguales, así de sencillo”.
México platicó con Paris Martínez y Jacobo Dayán, autores del libro Permiso para Matar: una investigación sobre los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, quienes consultaron más de 60 mil documentos periodísticos, académicos y reportes oficiales en los que encontraron mil 824 asesinatos y desapariciones forzadas cometidas por autoridades desde el año 2007 y hasta el cuarto año de la administración de AMLO (2022).
Los autores recalcan que la muestra encontrada no refleja el total de los crímenes de Estado cometidos en estos 15 años de estudio, no obstante, señalan que la administración de Enrique Peña Nieto fue en la que más delitos (denuncias) se presentaron con 808 casos documentados en 31 estados del país; en la lista sigue la administración de Felipe Calderón con 494 asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuidas a fuerzas estatales y federales cometidas en 29 estados; AMLO ocupa el tercer puesto con 489 delitos de esta índole cometidos en 30 entidades, pero sólo en cuatro años de análisis.
“Durante todo el tiempo del conflicto (guerra contra el narco), las autoridades han cometido al menos un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad cada cinco días durante 17 años”: Jacobo Dayán y Paris Martínez.
A estas cifras se deben sumar las 14 ejecuciones extrajudiciales cometidas en todo el 2023 contra personas defensoras de derechos humanos denunciadas por el Comité Cerezo México; en toda la administración de AMLO, la organización documentó 93 casos, con el pico más alto ocurrido en 2021 (25 casos).
