El máximo tribunal consideró que la medida protege el interés superior de la niñez y evita la exclusión escolar
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el acuerdo emitido por la Secretaría de Educación Pública que impide reprobar automáticamente a estudiantes de educación básica por no aprobar todas las materias o por no cumplir con el requisito mínimo de asistencia.
Por unanimidad, las y los ministros aprobaron el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, con el que se negó el amparo promovido por el Colegio Roble contra el acuerdo vigente desde septiembre de 2023.
Durante la sesión, la Corte determinó que la medida es constitucional al considerar que prioriza el interés superior de la niñez, garantiza el acceso a la educación y busca prevenir la exclusión escolar.
El acuerdo reorganiza el programa educativo en fases y campos formativos, además de permitir el pase automático en preescolar y primer año de primaria. En secundaria, flexibiliza los criterios de reprobación mediante mecanismos de regularización y elimina la asistencia mínima como requisito obligatorio para acreditar materias.
Asimismo, la resolución establece que la evaluación del aprendizaje no debe depender únicamente de calificaciones numéricas, criterio que, según los ministros, se alinea con modelos educativos aplicados en países como Dinamarca y Finlandia.
Durante el debate, Lenia Batres afirmó que “la educación de excelencia no se agota en registros de asistencia o acreditaciones mediante mediciones numéricas”, al considerar que existen diversos factores que influyen en el aprendizaje de más de 23 millones de estudiantes en México.
Por su parte, el ministro presidente Hugo Aguilar señaló que la ausencia de alumnos no necesariamente refleja falta de interés académico, sino problemas familiares o sociales que deben atenderse sin castigar a los estudiantes.
En contraste, el Colegio Roble argumentó que el acuerdo podría afectar la excelencia académica, la disciplina escolar y el combate al rezago educativo.
La decisión de la Corte ha generado debate en distintos sectores educativos y entre padres de familia, donde algunos respaldan una evaluación más flexible y otros cuestionan si las nuevas reglas podrían disminuir la exigencia académica en las aulas.
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