El próximo 1 de agosto el país tendrá por primera vez una consulta popular producto de la reforma de 2014. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que con este ejercicio se busca llevar a juicio a expresidentes, aunque la realidad es que, según confirman expertos, el resultado de ninguna forma obligará a instancias de procuración de justicia a procesar, enjuiciar o encarcelar en automático a exmandatarios.
“La justicia no se consulta”, es la frase que han repetido abogados y activistas en distintos espacios, insistiendo en que el gobierno engaña prometiendo que un “sí” pondría a un paso de la cárcel a expresidentes, dejando de lado todo el proceso judicial que se requeriría para ello y que, además, sin una consulta de por medio ya se podría denunciar a los expresidentes y presentar pruebas en su contra.
Lo que sí mencionan especialistas es que la consulta, con el enfoque y el impulso ciudadano adecuado, podría dar pie a un esfuerzo de crear mecanismos como las comisiones de la verdad, que indaguen en el pasado de impunidad en el país para tratar de reparar el daño a víctimas y, en un momento dado, incluso lleven a que expresidentes sí sean investigados.
Sin embargo, también refieren que no han observado en el gobierno federal un interés real de que se haga justicia por hechos del pasado. Al contrario, señalan, López Obrador ha mostrado desdén por las víctimas, olvidando su compromiso de justicia transicional y, a fin de cuentas, utilizando la consulta hasta ahora solo como una forma de propaganda.
La pregunta que validó la Suprema Corte es: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
La respuesta parece muy sencilla, consiste simplemente en un sí o un no. Pero el camino que llevó a ella, y cómo interpretar su posible resultado, han generado discusiones y confrontación política.
Entre los puntos de debate, está el hecho de que se utilizará dinero público, al menos 500 millones de pesos, para un ejercicio con una pregunta ambigua y de resultado incierto, que quizá ni siquiera alcance el nivel de participación necesario para que se le considere válida, y su resultado se considere “vinculante”.
Para ello se requiere que participe y vote el 40% del listado nominal (37 millones de personas), según marca la Constitución; esto, mientras el INE ha señalado falta de recursos para darle difusión, y organizarla.
El propio gobierno recordó que, para alcanzar esa cifra, requeriría 7 millones de votos más que los que obtuvo López Obrador cuando ganó la presidencia, en 2018.
Lo que dice López Obrador y lo que en verdad aparecerá en la boleta
“¿Quieres que se investigue, y de conformidad con la ley que se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto?”
Así resumió el presidente López Obrador su visión de cuál es el sentido de la consulta en la mañanera del 22 de junio, pero esta interpretación, según explicaron a Animal Político tres expertos en el tema, está lejos de lo que se estará votando.
