Crece la corrupción en Catastro y Registro Público de Puebla; sancionan a menos del 10% de los funcionarios investigados
Puebla, Pue.— En lo que va del año, el gobierno de Puebla ha detectado una red persistente de corrupción en áreas clave como el Registro Público de la Propiedad, Catastro y el Registro Civil, principalmente en municipios del interior del estado como Teziutlán. A pesar de haber abierto 471 expedientes por presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos, únicamente 49 han concluido con algún tipo de sanción, lo que representa menos del 10 por ciento.
Entre las sanciones impuestas se encuentran dos destituciones, 28 inhabilitaciones —cinco de ellas por faltas graves—, una amonestación pública, 14 privadas y cuatro suspensiones. El resto de los expedientes permanece en la incertidumbre: 256 continúan bajo investigación y 165 fueron archivados por falta de pruebas.
El caso que más ha llamado la atención ocurrió el 13 de enero de este año, cuando un registrador de Teziutlán, identificado como Eduardo N., fue detenido tras intentar sobornar a un superior en las oficinas centrales del Instituto Registral y Catastral en Puebla capital. El funcionario ya fue vinculado a proceso.
Las autoridades estatales reconocieron que estas prácticas irregulares se han vuelto comunes en trámites relacionados con propiedades, certificados, pagos y registros, por lo que se busca implementar un proceso de transformación integral. Como parte de esta estrategia, el gobernador Alejandro Armenta anunció la digitalización de todos los servicios del Catastro, Registro Público y Registro Civil, con el fin de evitar la intervención de intermediarios, agilizar los trámites y cerrar el paso a la corrupción.
Actualmente, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno coordina 22 órganos internos de control que operan dentro de las dependencias públicas, donde también se han detectado actos como omisiones, retrasos indebidos y uso discrecional del servicio público. Cuando se presume la comisión de un delito, los casos se remiten directamente a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Como parte del fortalecimiento de la vigilancia institucional, el estado ha desplegado 505 buzones digitales en diversas oficinas públicas, vinculados a la plataforma Pro Integridad. A través de este sistema, la ciudadanía puede presentar denuncias de manera anónima y con seguimiento garantizado.
El secretario del ramo, Alejandro Espidio Reyes, enfatizó que no habrá tolerancia frente a la corrupción, aunque reconoció que aún hay rezagos importantes en materia de resultados. “De los casi 500 expedientes abiertos, apenas 49 han derivado en sanciones. No es suficiente, pero es el inicio de una nueva ruta”, aseguró.
El gobierno estatal apuesta ahora por una transformación tecnológica que elimine el contacto humano innecesario en trámites oficiales, y que establezca mecanismos de control que, por primera vez, dejen una huella digital clara y difícil de manipular.
