Los números oficiales y los de los observatorios cuentan historias distintas. La Fiscalía de Puebla reportó 22 feminicidios en 2025 (corte enero-octubre), pero organizaciones independientes —como el Observatorio de Violencia Social y de Género de la Ibero Puebla— han documentado entre 25 y 32 probables feminicidios en el mismo periodo. Esa diferencia no es menor: mientras la autoridad aplica criterios más restrictivos para tipificar el delito, los observatorios registran muertes violentas de mujeres que muestran patrones claros de violencia de género y que, a juicio de la sociedad civil, deberían investigarse como feminicidio.
Esa brecha revela fallas concretas en la investigación y el seguimiento de los casos: descoordinación institucional, criterios divergentes y falta de perspectiva de género en las primeras indagatorias. El efecto es doblemente cruel: por un lado invisibiliza la dimensión real de la violencia contra las mujeres; por otro, deja a las víctimas y a sus familias sin la garantía plena de justicia. Si la cifra oficial y la cifra documentada no se armonizan, la respuesta pública seguirá siendo insuficiente frente a una emergencia que demanda claridad y acción.
