Rosa Icela Rodríguez advierte que el Gobierno Federal rechaza cualquier forma de censura y apoya la revisión de la normativa para proteger la libertad de expresión

Este martes, la secretaria de Gobernación Federal, Rosa Icela Rodríguez, se manifestó en contra de la Ley de Ciberasedio aprobada recientemente en Puebla durante la conferencia matutina.

Rodríguez fue cuestionada sobre la preocupación que existe en la entidad respecto a esta legislación, que ha sido señalada por sectores sociales y activistas por promover la censura y limitar la libertad de expresión en espacios digitales.

La funcionaria federal subrayó que el Gobierno de la Cuarta Transformación está en contra de cualquier tipo de censura, especialmente hacia los medios de comunicación, y reafirmó el compromiso de su administración con la protección de la libertad de expresión.

“De ninguna manera el gobierno de la Cuarta Transformación está por una cuestión de la censura hacia los medios de comunicación, absolutamente estamos en contra de cualquier intento”, afirmó.

No obstante, la secretaria avaló la iniciativa del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, quien ha solicitado la revisión de la Ley de Ciberasedio para generar consensos con la población y buscar ajustes que garanticen los derechos fundamentales.

“Me parece que en cualquier momento es bueno para corregir, lo único que uno tiene que estar atento es a decir en este tipo de decisiones veamos si se puede revisar y si es necesario corregir”, señaló.

La Ley de Ciberasedio fue aprobada el pasado 12 de junio por el Congreso del Estado con 35 votos a favor, cinco en contra y una abstención. La norma tipifica como delito el uso de tecnologías de la información y comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital para insultar, injuriar, ofender, agraviar o vejar a otra persona.

Sin embargo, diversos sectores de la sociedad han expresado su rechazo a esta ley, argumentando que no guarda relación directa con la ciberseguridad, objetivo declarado, sino que representa una amenaza para la libertad de expresión y un riesgo para el derecho a la crítica en plataformas digitales.

Ante el debate generado, la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a la participación ciudadana para analizar y consensuar los ajustes que sean necesarios, con el fin de que la legislación proteja a la población sin vulnerar derechos fundamentales.