Para frenar los abusos de arrastre y servicio de grúas, establecerá un proyecto para normar sus servicios para que a través de una regularización puedan ser autorizadas por el Gobierno del Estado, así lo sentenció el gobernador, Sergio Salomón Céspedes.
Para ello, se implementó un padrón de empresas que estarán reguladas y en caso de incumplir, se les podrá retirar la concesión.
Sobre ello, el mandatario recordó que por muchos años las empresas de arrastre y confinamiento de vehículos, se han caracterizado por cometer abusos y excesos en agravio de los usuarios.
Indicó que a partir de ahora se contará con un padrón oficial de las empresas de grúas y corralones para que sean los ciudadanos los que consulten fácilmente para poder decidir la solicitud de un servicio.
«EN ALGÚN MOMENTO SE FIJARON TARIFAS PARA ESTOS SERVICIOS, PERO NUNCA SE REGULÓ Y OCASIONÓ QUE SE COMETIERAN ABUSOS Y EXCESOS TREMENDOS».
Céspedes Peregrina recalcó que se va a poder generar un esquema similar al federal donde se pueda otorgar los servicios en carreteras.
Por su parte, Héctor Ramírez Leyva, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Movilidad y Transporte, informó que, de 235 depósitos vehiculares, solo 133 lograron acreditarse legalmente.
Mientras que el mismo trámite lo están realizando 78 empresas dedicadas al arrastre de los vehículos para ingresar a un sistema de regulación de sus servicios que garantice certeza y legalidad.
Aclaró que las quejas más comunes de los usuarios son los cobros excesivos y la irregularidad de los servicios.
El funcionario subrayó que con la inspección documental y física de las empresas para verificar las condiciones de las grúas, de las instalaciones de los corralones y la legalidad de su documentación.
«PODEMOS INFORMAR QUE TRAS CONCLUIR ESTE PROCESO, SE INFORMA QUE DE UN UNIVERSO DE 235 DEPÓSITOS VEHICULARES, ÚNICAMENTE 133 CUMPLIERON PARA OBTENER SU CONSTANCIA Y REGLAMENTO. ASIMISMO, FUERON 78 EMPRESAS DE ARRASTRE LAS QUE INTEGRARON UN EXPEDIENTE LEGALMENTE CONFORMADO».
Ramírez Leyva puntualizó que en caso de incumplir las empresas en aplicar las tarifas ya autorizadas, serán acreedoras a una multa de 110 a 120 UMAs y, en caso de reincidir, perderán la concesión.
Además, aquellas empresas que estén operando sin concesión, serán clausuradas.
