Tras la jornada de manifestaciones juveniles en todo el país, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado que muchos consideraron insuficiente y distante de la realidad que vive la población. Aunque la dependencia condenó los actos violentos y defendió el derecho a la libre manifestación, evitó pronunciarse sobre el origen del descontento: la violencia creciente, la impunidad y la sensación de abandono que sienten miles de familias en todo México. Para amplios sectores de la sociedad, el mensaje oficial sonó más a un intento de controlar la narrativa que a un compromiso real por abordar la grave crisis de seguridad que detonó las protestas.
La insistencia de la Segob en recalcar los daños materiales, el uso de artefactos explosivos caseros y los enfrentamientos contrastó con la ausencia de propuestas concretas o reconocimiento del hartazgo social. Este enfoque reforzó la percepción de un gobierno más preocupado por mantener su imagen que por escuchar el clamor ciudadano. Mientras los jóvenes exigían protección, justicia y acciones firmes, la respuesta oficial pareciera limitarse a una condena protocolaria que no atiende el problema de fondo: un país que sigue desangrándose frente a autoridades que, según los manifestantes, se muestran cada vez más ajenas a su sufrimiento.
