Las primeras dos semanas del juicio han expuesto el ‘modus operandi’ de los presuntos pagos mensuales entregados a García Luna por el Cártel de Sinaloa a cambio de su protección e información.
México se enfrenta nuevamente a las turbiedades de su guerra contra el narcotráfico con el juicio en Estados Unidos de su exjefe policial, Genaro García Luna , procesado por tráfico de cocaína y complicidad con el Cártel de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
El juicio al exsecretario de Seguridad (2006-2012) ha ido al meollo del asunto desde las primeras audiencias, realizadas ante el mismo tribunal de Nueva York que condenó al «Chapo» a prisión perpetua en 2019 por tráfico de drogas.
El primer testimonio “candente” llegó el martes cuando Sergio Villarreal Barragán , un exnarco mexicano, detalló el modus operandi de los supuestos pagos mensuales entregados a García Luna por el Cártel de Sinaloa a cambio de su protección e información.
No hay ninguna prueba, respondió la defensa, que buscará desacreditar los testimonios de antiguos traficantes protegidos por Estados Unidos como Villarreal, apodado «El Grande».
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido un informe diario del proceso y ha cuestionado la cobertura de los medios locales.
Ya como exsecretario y al frente de empresas privadas, se benefició de importantes contratos estatales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), según el periodista independiente Francisco Cruz, autor de una biografía del acusado.
La demanda mexicana fue interpuesta el 21 de septiembre de 2021 en Florida contra 39 empresas pertenecientes a García Luna o sus allegados, detalló el canciller mexicano Marcelo Ebrard.
López Obrador ha planteado «tres hipótesis»: que García Luna «no es culpable» y «lo tienen que liberar». «Sería un fiasco, sobre todo quedarían muy mal las agencias y el gobierno de Estados Unidos», dijo.
La segunda es que actuó solo y la tercera, que tenía «la licencia» de los presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Vicente Fox (2000-2006) con quienes trabajó.
