El Senado endurece las penas para quien obligue a casarse a niños de comunidades afromexicanas e indígenas y avala un cambio en el Código Penal para que las denuncias no prescriban
México castigará hasta con 22 años de cárcel el matrimonio infantil. El Senado aprobó por unanimidad una reforma en el Código Penal para que las denuncias no prescriban y para que se endurezcan las penas de prisión para quienes obliguen a casarse a niños indígenas y afromexicanos, las comunidades más expuestas a casamientos forzados o, incluso, a la venta de menores para saldar deudas.
El matrimonio infantil está prohibido en México desde marzo de 2019, después de una lucha que tomó décadas por el choque con las comunidades que se rigen por usos y costumbres. Lo que cambia con la reforma avalada esta semana por la Cámara alta es que establece penas de cárcel concretas para quienes organicen o celebren “cohabitaciones forzadas”, bajo el argumento de que los niños y las niñas que son víctimas no tienen la capacidad de consentir y, muchas veces, oponerse a estas uniones.
El Código Penal especifica ahora las penas por matrimonios forzados entre menores o entre un niño y un adulto, así como la venta o trueque de niños. Se castigará a “quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de dieciocho años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio”, se lee en la enmienda, que entrará en vigor en cuanto sea publicada por el Ejecutivo.
Las penas por este delito van de los ocho a los 15 años de prisión. También se contemplan multas de 1.000 a 2.500 días, lo que equivale a entre 9.000 dólares y casi 23.000 dólares, basado en el salario mínimo de Ciudad de México y el actual tipo de cambio. Pero la reforma establece como agravante que los menores sean afrodescendientes o indígenas, lo que aumenta los castigos un 50%. La pena mínima en estos casos es ahora de 12 años de cárcel y la máxima, de 22 años y seis meses.
“Estas prácticas atentan contra el interés superior de la niñez y representan un menoscabo a los derechos fundamentales”, afirmó Olga Sánchez Cordero, senadora por Morena, al presentar el dictamen. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados desde abril pasado, pero se estancó en la Cámara alta casi un año. El Senado también aprobó en la sesión del miércoles una reforma para endurecer los castigos por feminicidio hasta alcanzar los 112 años de prisión cuando las víctimas sean menores, embarazadas, adultas mayores o mujeres con discapacidad. El máximo castigo en el orden federal era de 70 años de cárcel.
