El gobierno de México respondió con dureza al posicionamiento de la Organización de las Naciones Unidas y negó que en el país exista una política de Estado en torno a las desapariciones forzadas. En su postura oficial, defendió que el informe del Comité contra la Desaparición Forzada es parcial y no refleja los avances recientes en materia de búsqueda e identificación, además de insistir en que gran parte del problema está vinculado al crimen organizado y no a una acción sistemática de las autoridades. Sin embargo, en el mismo argumento dejó entrever una narrativa conocida: que la raíz de la crisis se encuentra en decisiones del pasado, particularmente en el contexto de violencia que se intensificó durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Aunque no se planteó de forma directa como una acusación frontal, el discurso oficial vuelve a colocar el origen del problema en administraciones anteriores, lo que en la práctica funciona como una forma de deslindar responsabilidades actuales frente a un fenómeno que sigue vigente. Mientras tanto, la ONU mantiene su postura y advierte que la crisis no solo persiste, sino que requiere atención urgente, dejando a México en medio de una tensión internacional donde el pasado se usa como explicación, pero el presente sigue exigiendo resultados.
