En los últimos días, la Organización de las Naciones Unidas encendió una alerta internacional sobre México al advertir que la crisis de desapariciones forzadas ha alcanzado un nivel grave y persistente. El Comité contra la Desaparición Forzada dio un paso inusual al solicitar que el caso mexicano sea llevado ante la Asamblea General, al considerar que existen indicios de un patrón generalizado que incluso podría encuadrar como crimen de lesa humanidad. Con más de 130 mil personas desaparecidas y miles de restos sin identificar, el organismo sostiene que el problema no solo es estructural, sino que también implica posibles responsabilidades del Estado, ya sea por acción, omisión o tolerancia frente a estos hechos.
La postura ha generado una reacción inmediata en México, donde el gobierno y algunos organismos han rechazado el informe al considerarlo parcial, mientras colectivos y defensores de derechos humanos lo ven como una oportunidad para visibilizar una tragedia que no se ha detenido. La ONU, por su parte, insiste en que no se trata de una acusación aislada, sino de un llamado urgente a reforzar la búsqueda, mejorar los procesos forenses y combatir la impunidad que rodea estos casos. En medio de este escenario, el tema ha escalado a un nivel internacional pocas veces visto, dejando claro que la crisis de desapariciones en México ya no es solo un asunto interno, sino una preocupación global.
