Gobierno estatal exige seguridad social, mayor calidad del servicio y transparencia operativa
La continuidad de Uber en Puebla entró en fase crítica. El permiso que permite a la plataforma operar en el estado vence el 15 de diciembre y, hasta ahora, la empresa no ha buscado al gobierno para renovar el contrato, confirmó Silvia Tanús Osorio, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT). La funcionaria señaló que la compañía optó por recurrir a procesos legales en lugar de sentarse a negociar, lo que encendió alertas en el ecosistema de transporte ejecutivo.
Desde la administración de Alejandro Armenta, el mensaje es claro: Uber sólo podrá seguir operando si acepta un nuevo paquete de requisitos. Entre las condiciones centrales se encuentra otorgar seguridad social a los socios conductores, obligación respaldada por disposiciones federales que, según la SMT, la plataforma ha evitado cumplir pese a una década de presencia en Puebla.
Además, el gobierno estatal busca elevar la calidad del servicio, con vehículos en mejores condiciones, procesos claros para atender quejas y lineamientos que garanticen trato adecuado a los usuarios. También plantea reglas laborales más justas para los conductores, con criterios definidos sobre horarios, pagos y sistemas de evaluación dentro de la aplicación.
Otro punto de fricción es la transparencia. Puebla exige conocer a detalle cómo operan las plataformas: cálculo de tarifas, asignación de viajes y mecanismos internos. La regulación local también prohíbe el uso de motocicletas para este tipo de servicio, lineamiento que deberá respetarse de manera estricta.
Aun así, la autoridad mantiene abierta la puerta al diálogo. Tanús Osorio subrayó que, si Uber solicita una reunión antes del 15 de diciembre, aún podría renovarse el permiso bajo las nuevas condiciones. De lo contrario, alrededor de 7 mil vehículos vinculados a la aplicación tendrían que dejar de circular.
El impacto sería inmediato para miles de usuarios que dependen de la plataforma, especialmente en horarios nocturnos o zonas con menor oferta de transporte. Para los taxistas concesionados representaría una oportunidad de recuperar mercado, aunque expertos alertan sobre posibles aumentos en tarifas y tiempos de espera.
El gobierno estatal sostiene que su prioridad es la seguridad de los pasajeros y una competencia equilibrada entre prestadores de servicio. En el trasfondo, el caso deja una pregunta abierta: ¿están dispuestas las grandes plataformas tecnológicas a asumir reglas locales o seguirán operando al límite de la regulación?
