En mi entrega anterior, mencioné brevemente la pugna entre los partidos políticos nacionales, para ver cuál de ellos “donaba” un mayor porcentaje de sus excesivos presupuestos asignados, en favor de los damnificados por los recientes y aciagos sismos de septiembre.
Sin duda, el partido que se vio más hábil fue el PRI. Ellos se dieron cuenta, que no se trataba de donar el dinero que se les había otorgado (o que estaba por ser otorgado), sino que más bien, tenían que renunciar a un porcentaje de dicho presupuesto.
Total, que para no extendernos en algo que ya es de conocimiento público, me limito a mencionar que, al día de hoy, la propuesta planteada, consiste en que se reforme la Constitución General, para que se eliminé a partir del 2018, del cien por ciento del financiamiento público para los partidos políticos. Esto escaló de forma inimaginable.
La pregunta que ahora surge al aire es “¿y de dónde carajo van a sacar dinero los partidos para sus campañas?” o como bien diría en su canción aquel el ídolo popular tabasqueño, “¿quién pompo?” o más bien “¿quién va a pompar”?
Como ya es costumbre, estudiemos como referencia, y de forma muy superficial, al sistema de financiamiento que se aplica en Estados Unidos de América (EUA), para campañas políticas.
Nuestros vecinos del Norte han implementado un sistema en el que los gastos de campaña, son pagados por entes privados. La única excepción es en la campaña para Presidente de la Nación, en el cual, sí existe un porcentaje de financiamiento público.
Las aportaciones privadas provienen de diferentes fuentes, inclusive de la propia bolsa del candidato en cuestión. Para ello, ha sido necesario implementar una serie de regulaciones para limitar las donaciones y controlar la proveniencia de las mismas, pero aun así, es una realidad que en EUA, los grandes patrocinadores de las campañas, juegan un papel preponderante. Dichos grandes patrocinadores, normalmente son grupos de poder económico, con intereses en influenciar en la toma de decisiones en el gobierno, medularmente a través del legislativo (estúdiese la práctica del “lobbying”).
Y aunque la realidad actual de México, de forma furtiva e ilegal, no se distancia del financiamiento privado de campañas políticas, surgen varias preguntas:
- ¿Tenemos en México las leyes y las instituciones eficaces para asegurar que no existan excesos en la donación de capital privado para ser destinado a partidos político?
- ¿Nuestra sociedad cuenta con la madurez política para que las donaciones sean por mera convicción y no con el objeto de que el donador obtenga algo a cambio?
- ¿Qué intereses serán primordiales de cubrir? ¿los que correspondan a las necesidades de los ciudadanos o aquellos intereses particulares de los donadores?
- ¿Podemos garantizar que las donaciones de particulares no sean recursos de proveniencia ilícita?
Es importante analizar dicha reforma a fondo, no vaya a ser que, por ahorradores, nos salga el tiro por la culata.
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