El Senado de la República aprobó la regulación de las llamadas publicitarias y de bancos para “asegurar la privacidad de los consumidores de bienes y servicios”.

El pasado martes, los senadores establecieron tres reformas que buscan evitar que los usuarios reciban llamadas y mensajes no solicitados y regulan las actividades de los centros de llamadas o call centers “que generan más de 695 mil empleos directos”, de acuerdo con la Cámara Alta.

Con 91 votos a favor, el dictamen general establece modificaciones a:

La ley Federal de Protección al Consumidor, para que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeso) integre y actualice un registro público de consumidores que no quieran que sus datos personales sean utilizados “para fines mercadotécnicos o publicitarios”.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que las llamadas solo puedan realizarse de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 19:00 horas, y la prohibición de que se realicen los fines de semana o días feriados.

La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para que los bancos e instituciones financieras no puedan condicionar el uso de sus servicios o productos a la autorización del usuario para recibir información por medio de estos mensajes y llamadas.

Además, los usuarios que quieran inscribirse en el registro para no ser molestados, podrán solicitar a la Profeco su inscripción, por escrito o correo electrónico y de forma gratuita.

La diputada de Morena, Imelda Castro, e impulsora de las reservas, señaló que se requiere que se identifique el origen de las llamadas para fines mercadotécnicos, así como precisar instituciones, asuntos y horarios de las mismas.

Por ello, las llamadas de este tipo no podrán aparecer como número privado, oculto, confidencial o similares.

En caso de violar estas reformas, las compañías podrán ser sancionadas con una multa de los 783.95 pesos a tres millones 66 mil 55.98 pesos.

Así como “una multa de dos mil a 60 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización “a la institución financiera que envíe directamente o por interpósita persona cualquier publicidad sin consentimiento de los usuarios”.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados.