En 2025, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum propuso una reforma a la Ley del ISSSTE, la cual generó gran preocupación entre el magisterio, especialmente por las modificaciones que impactaban las cuotas laborales de los trabajadores estatales. La reforma afectaba a aproximadamente 1.5 millones de maestros y maestras, quienes temían que la medida tuviera consecuencias económicas negativas y afectara sus derechos adquiridos.
Ante las intensas protestas y movilizaciones encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el gobierno decidió dar marcha atrás con la reforma. Sheinbaum aseguró que no se aprobarían reformas que perjudiquen al magisterio y, para calmar la situación, se comprometió a congelar la edad mínima de jubilación en los niveles actuales: 58 años para hombres y 56 años para mujeres.
Este compromiso de congelar la edad de jubilación fue una de las principales demandas de los maestros, quienes habían expresado su preocupación de que las reformas pudieran aumentar la edad mínima para retirarse. Además, la medida se planteó como parte de un proceso de diálogo continuo entre el gobierno y el sector educativo, para garantizar que cualquier futura modificación a la ley sea consensuada y no afecte los derechos laborales de los docentes.
Este paso fue interpretado como una respuesta positiva a las preocupaciones del magisterio y una muestra de la voluntad del gobierno para llegar a acuerdos que beneficien a los trabajadores del sector educativo.
