La jornada de movilizaciones detonada por el asesinato del alcalde de Uruapan terminó en un saldo alarmante: más de un centenar de heridos entre manifestantes y policías, un reflejo claro de cómo la tensión social ha llegado a un punto crítico. En distintos puntos del país, los enfrentamientos surgieron cuando grupos de jóvenes intentaron avanzar hacia edificios gubernamentales para exigir que el Estado asuma, por fin, su responsabilidad frente a la violencia que arrasa comunidades completas. La respuesta oficial, marcada por gases lacrimógenos y contención agresiva, dejó la sensación de que el gobierno está más interesado en controlar la protesta que en resolver aquello que la provoca.
Los reportes señalaron al menos 120 lesionados, algunos con heridas graves, lo que acrecentó el enojo ciudadano. Para muchos, este episodio demuestra no solo el cansancio frente a la inseguridad, sino también la percepción de un gobierno distante, incapaz de ofrecer soluciones y, en cambio, dispuesto a enfrentar a quienes claman por ellas. La combinación de dolor, hartazgo y falta de respuestas ha convertido estas protestas en un símbolo del quiebre entre la sociedad y sus autoridades, y en un recordatorio de que la crisis de violencia ya no puede seguir siendo ignorada.
