El máximo tribunal argumenta que la adquisición cumple con la normatividad interna y responde a criterios de seguridad institucional
— Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) renovaron su flotilla vehicular con la adquisición de nueve camionetas de alta gama con blindaje, cuyo costo individual podría alcanzar hasta los 3 millones de pesos, lo que representa un gasto estimado cercano a los 27 millones de pesos para el máximo tribunal del país.
De acuerdo con información difundida por el periodista Salvador García Soto, cada integrante de la llamada “Nueva Corte” recibirá una camioneta tipo Jeep Grand Cherokee, equipada con blindaje, como parte de esta renovación del parque vehicular institucional.
En un comunicado oficial, la SCJN justificó la compra al señalar que el objetivo es garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección a la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad. Precisó que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares de seguridad requeridos, lo que comprometía la operación del servicio.
La Corte explicó que la adquisición se realizó conforme a su normatividad interna vigente desde 2019, la cual establece la renovación periódica de estos vehículos cada cuatro años o antes, en caso de que dejen de ser seguros para su uso. Asimismo, aseguró que la compra se llevó a cabo de manera paralela a la desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido, con el propósito de no generar un gasto adicional para la institución.
En su posicionamiento, el máximo tribunal sostuvo que esta decisión reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin poner en riesgo las condiciones necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional.
No obstante, la adquisición de camionetas blindadas de alta gama se da en medio de un debate público sobre los privilegios en el Poder Judicial y los discursos de austeridad impulsados por la actual administración judicial, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre el manejo de recursos en la cúpula del sistema judicial.
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