Tras el suicidio de Juan Lorenzo, un niño de 7 años que presuntamente sufrió bullying en su escuela en Zacatlán, el diputado de Morena, Roberto Zataráin Leal, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley de Seguridad Integral Escolar.
La propuesta busca sancionar a profesores y directivos que permitan o alienten el bullying, con penas de prisión de hasta cinco años y multas de hasta 56 mil 570 pesos. Además, se establecerían programas de seguimiento psicológico y trabajo social para estudiantes que cometan actos de violencia.
Los estudiantes que causen violencia física o psicológica a sus compañeros podrían enfrentar multas de hasta 2 mil 262.8 pesos, cancelación de la matrícula y reubicación en otra escuela. Las instituciones educativas que hagan caso omiso a las denuncias de violencia también podrían enfrentar sanciones.
La iniciativa también busca establecer un procedimiento para identificar posibles trastornos mentales en estudiantes y brindarles atención y orientación. Con esta propuesta, se busca erradicar el bullying en las escuelas de Puebla y proteger a los estudiantes de la violencia y el acoso.
Sin embargo, surge la pregunta de en dónde queda la responsabilidad de los padres en la prevención y atención del bullying. ¿No deberían ser también responsables de asegurarse de que sus hijos no sean víctimas o agresores? La iniciativa parece centrarse principalmente en la responsabilidad de los profesores y las instituciones educativas, pero ¿qué papel juegan los padres en todo esto?
